Escándalo financiero en la Asociación Argentina de Fútbol

Las autoridades estadounidenses han comenzado investigaciones sobre las operaciones financieras de la Asociación Argentina de Fútbol dentro de los Estados Unidos, en medio de sospechas de fraude y lavado de dinero, coincidiendo con los preparativos para la Copa del Mundo 2026.

El periódico argentino "La Nacion" informó que fiscales federales y agentes del FBI han comenzado a escuchar testimonios de varios testigos para entender cómo la Asociación Argentina de Fútbol, dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia, gestiona sus operaciones financieras en los EE. UU. y cómo se transfieren cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense, así como si algunas de estas transacciones constituyen violaciones bajo la jurisdicción estadounidense.

El periódico agregó que uno de los testimonios clave provino del empresario Guillermo Tofoni, quien brindó un testimonio en video de tres horas en presencia de un fiscal y agentes del FBI en Washington y Miami. Las investigaciones se centran en la gestión de Tapia y Pablo Toviggino en la Asociación Argentina de Fútbol, junto con TourProdEnter LLC, una empresa del productor Javier Faroni, responsable de gestionar la recaudación de contratos comerciales.

La Nacion señaló que los investigadores del Departamento de Justicia de EE. UU. también están considerando convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que tenían información relacionada con las operaciones de la Asociación Argentina de Fútbol o que participaron en su seguimiento y supervisión en los últimos años, confirmando que las investigaciones preliminares comenzaron en 2025.

El periódico aclaró que los documentos revisados muestran que Javier Faroni y su esposa, Erika Gillet, realizaron transacciones financieras por cientos de millones de dólares a través de cuentas en varios bancos estadounidenses, gestionando al menos 260 millones de dólares en ingresos de la Asociación Argentina de Fútbol, mientras que 57 millones de dólares fueron distribuidos a empresas y beneficiarios sin una justificación económica clara, según los documentos bajo investigación.